En este camino hacia vidas más sostenibles, no podemos obviar que, por un lado, dependemos
de la naturaleza para obtener lo que precisamos para vivir, y por otro, la vida resulta imposible
sin los cuidados que nos proporcionan otras personas. Reivindicamos, por tanto, la centralidad
y reconocimiento de las tareas de cuidados, como una responsabilidad compartida por toda la
sociedad, de forma que se garantice el acceso de todas las personas a los sistemas de cuidados,
así como la dignidad y condiciones de trabajo de las personas cuidadoras.

ORGANIZACIÓN QUE DOCUMENTA: Feminismos Desazkundea + Brujas y Diversas.

LUGAR: Bilbao

La dignidad de las personas cuidadoras

La protagonista de este caso es Pilar Gil Pascual, una mujer que debido al empobrecimiento generado después de la posguerra en su tierra y motivada por la necesidad de buscar un empleo, en 1958 vino a vivir a Bilbao donde estuvo trabajando como empleada de hogar. Al principio como interna y más tarde como externa. Además ha sido militante en distintas iniciativas, y aunque ahora está jubilada, sigue activa.

Pilar encarna el caso de tantas otras que desde su condición de mujeres, cuidadoras, pobres y migradas han tenido que enfrentarse a las trabas que tanto el patriarcado como el capitalismo ponen para el ejercicio del derecho a la sostenibilidad de la vida, así como las limitaciones para desarrollar la tarea de los cuidados en condiciones de justicia y dignidad.

Se quiere denunciar también la presión que por los estereotipos de género sufren las mujeres a la hora de desarrollar trabajos de cuidado de forma gratuita y no reconocida, como es el caso de la obligación de cuidar a familiares o personas cercanas, siendo sometidas en ocasiones a chantaje emocional y culpa por parte del entorno. Entendemos que los cuidados son una responsabilidad social que todas las personas debemos asumir.

Mujeres, migradas y cuidadoras.

Muy especialmente quiere denunciarse y visibilizar las opresiones que enfrentan aquellas mujeres que además de cuidadoras han vivido un proceso migratorio, así como el racismo, la xenofobia y los prejuicios tan extendidos.

Este caso nos muestra como el no reconocimiento de las tareas de cuidado que desarrollan las mujeres, se traduce en una situación de desigualdad e injusticia tanto a nivel social, legal como económico. Por ello, queremos reivindicar y reconocer la importancia y la centralidad que tienen los trabajos relacionados con el cuidado para la sostenibilidad de la vida.

ORGANIZACIÓN QUE DOCUMENTA: CDH Fray Matías de Cordova AC
LUGAR: Frontera México-Guatemala. Tapachula

Estigmatización y explotación de las mujeres migradas y cuidadoras

El caso de Floriberta Roblero se sitúa en el contexto migratorio de la ciudad fronteriza Tapachula, en el Estado de Chiapas, entre México y Guatemala. Esta ciudad se caracteriza por su diversidad e historia migratoria en la que se entrecruzan origen, tránsito, destino y retorno.

El 55% de la población extranjera que reside en el estado de Chiapas son mujeres, de las que el 66% son mujeres guatemaltecas, jóvenes, en edad productiva y reproductiva, con altos niveles de analfabetismo o pocos años de escolaridad acumulada. La oferta laboral para ellas se concentra principalmente en el trabajo agrícola, la industria del sexo, el entretenimiento, y el trabajo doméstico y de cuidados. (ONU Mujeres, 2015).

Estas mujeres son además estigmatizadas por extranjeras “indocumentadas”, pobres, ignorantes, indígenas, “sirvientas”, “mujeres de la calle” teniéndose que enfrentar también al racismo, clasismo y machismo propio de la actualidad.

El caso de Flori.

Flori nació en San José Ojetenam (Guatemala), de seis hermanxs ella es quien, desde los 14 años permaneció más tiempo trabajando en casas de Tapachula aportando a la economía familiar. A los 24 años se quedó embarazada y tuvo que trabajar ocultando el embarazo temiendo el despido, lo cual se cumplió en cuanto el embarazo fue notorio. Así es, parece que no tienes derecho a la maternidad cuando te dedicas al trabajo doméstico.

Flori se fue con su familia y a los dos años de nacer su hijo volvió a Tapachula a trabajar dejándolo al cuidado de su abuela y viendo a su familia 2 ó 3 veces al año a lo largo de 7 años. En este tiempo las condiciones de trabajo fueron muy duras, con un único día de descanso a la semana, sin vacaciones ni festivos y con una jornada de 6 de la mañana a 12 de la noche. En Tapachula, Flori conoció el Espacio de Mujeres y denunció con determinación los abusos y discriminación que sufren las mujeres. Impulsó la radiobocina “La voz del Parque”, herramienta comunitaria para informar a las mujeres migrantes sobre sus derechos y sensibilizar a la
población.

En 2015, Flori pudo sacar su tarjeta de residencia temporal, reduciendo así los riesgos para
entrar y salir del país, así como de detención. En 2016 tuvo problemas de salud que requerían cirugía, intervención que tuvo que postergar por no poder dejar de trabajar y renunciar los ingresos para mantener a la familia.

El caso de Flori visibiliza la situación de violencia y explotación que enfrentan las mujeres migradas en Tapachula debido a la falta de voluntad política por parte del gobierno para garantizar unas condiciones de dignidad y justicia en el trabajo.