Las trabajadoras de cuidados sufren una vulneración sistemática de sus derechos laborales
Una investigación sobre la situación de las trabajadoras de cuidados y del hogar en Vitoria- Gasteiz, realizada por el consorcio Zentzuz Kontsumitu, incide en las legislaciones discriminatorias y en la desprotección de un sector básico para el sostenimiento de la vida y de la economía.
Tania Cañas, Tita Golíndez y Estibaliz Gómez de Segura Olalde (de izda a derecha).
“Las trabajadoras de cuidados sufren una vulneración sistemática de sus derechos laborales”, ha afirmado Estibaliz Gómez de Segura Olalde, responsable por parte de Mugarik Gabe en el consorcio Zentzuz Kontsumitu, durante la presentación del informe ‘¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación de la situación de las empleadas del hogar’.
“Tenemos legislaciones totalmente discriminatorias hacia el trabajo de cuidados y del hogar. Si tuviéramos que pagar una jornada completa de trabajo de cuidados con la dignidad con la que se paga al director de una transnacional no habría dinero. No hay dinero para pagar los cuidados”, ha afirmado la técnica.
La investigación, cuyo marco teórico ha sido la economía feminista, ha cruzado los datos de la situación del empleo del hogar y la ley de extranjería demostrando que “el empleo de hogar, especialmente en modalidad de interna, es un refugio para las mujeres que no tienen permiso de trabajo y residencia, que no tienen dinero para costear el alquiler, ni siquiera una habitación, y que tienen miedo de ser expulsadas”. Por lo que se dibuja un panorama complejo: “La población local tiene pocos recursos para paliar las necesidades de cuidado, y las mujeres migradas parecen ser la respuesta low cost, institucionalmente legalizada, debido a las limitaciones de la legislación de extranjería, y a la vulnerabilidad social y legal en la que se encuentran”.
Cinco son los ejes de vulneración principales que recoge la investigación. Primero, la legislación discriminatoria, entre otras cosas porque no existe derecho a la prestación por desempleo, hay una desprotección jurídica tras el fallecimiento de la persona cuidada, las bases de cotización del Sistema Especial para Empleadas del Hogar (SEEH), creado en 2011, no se corresponden con la retribución salarial, no está regulada de la jornada nocturna y existen descuentos injustos por retribución de salario en especie. Por ejemplo, una trabajadora puede perder el 30 por ciento del salario por comida o por usar la lavadora.
En segundo lugar, existe una vulneración de derechos laborales a través de contratos que no se corresponden con el trabajo realizado, por la indefinición de tareas y del horario, por el incremento de funciones sin incremento salarial o por la inexistencia de convenio. En tercer lugar, es patente una vulneración de los derechos de protección derivados del Sistema de Seguridad Social, ya que frecuentemente no se da de alta a las trabajadoras en el SEEH.
Por otro lado, las trabajadoras del hogar sufren violencias machistas, racistas y clasistas. En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), un 22 por ciento de las trabajadoras del hogar afirma haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el ejercicio de su profesión, mientras que un 45 por ciento de las personas que han buscado trabajo por internet han recibido llamadas de tipo sexual.
Finalmente, se han detectado vulnerabilidades en relación con la parte empleadora, como la dificultad para poner límites o la existencia de relaciones de poder, dominio y control.
El informe recoge además un análisis de las legislaciones vigentes y recuerda que el Estado español no ha ratificado el Convenio Nº 189 ni la Recomendación Nº 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La técnica de Mugarik Gabe ha incidido en que “el sostenimiento de la vida están en manos de mujeres, en todo el mundo”. Y ha recordado que la situación de esta discriminación sustentada por la ley no es exclusiva de la CAV o del Estado español, sino que es estructural en todos los territorios, tanto del Norte como del Sur.
Además, Estibaliz Gómez de Segura Olalde ha afirmado que “las mujeres que estamos en el mundo más occidental, para asumir cuotas de poder y poder salir al espacio público, hemos dejado de hacer el trabajo reproductivo y de cuidados y se ha usado la inmigración y la pobreza y las situaciones de conflictos para usar a las mujeres muy precarizadas que se encargan de los cuidados, evitando que haya una cuestionamiento real de los roles de género tradicionales”.
“Los cuidados sostiene a la economía”
Tita Golíndez, de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala, ha participado en la presentación del informe a la prensa para denunciar las cadenas globales de cuidados. “¿Qué pasa cuando las mujeres de Guatemala se van a cuidar a otros sitios?, ¿quién se queda allá a cargo de los cuidados?”, se ha preguntado. La respuesta es que son otras mujeres, muchas veces niñas o personas ya muy mayores, quienes asumen esa tarea ante la migración la mujer que sostiene la familia.
Golíndez ha descrito la situación de Guatemala, donde el colonialismo y el racismo sigue atravesando el sector de cuidados: el 85 por ciento de las trabajadoras domésticas son mujeres indígenas. Y ha incidido en la importancia de posicionar este sector en la “agenda nacional, no para reconocerlo, sino para transformarlo”. Un 18,9 por ciento del PIB guatemalteco proviene del trabajo de cuidados, según Tita Golíndez: “Guatemala es un país agroexportador y la agricultura supone el 17 por ciento del PIB. Generamos más riqueza que la agroindustria. Sin nosotras no habría renta, ni capital, ni ganancias. Los cuidados sostienen la economía”.
Finalmente, Tania Cañas, de la Alianza de Mujeres Atravesadas por el Racismo (AMAR), ha recordado que esta es la primera investigación sobre la cuestión que se realiza en Araba y ha incidido en la importancia de que los colectivos feministas estén cerca de las trabajadoras de cuidados y del hogar.
El consorcio Zentzuz Kontsumitu, compuesto por Setem Hego Haizea, Mugarik Gabe y Medicus Mundi Araba, lleva 13 años trabajando en un proyecto sobre el consumo responsable y transformador en tres ejes: compra pública responsable, soberanía alimentaria y cuidados.